Mota-Engil México realizará el primer tramo del Tren Maya; pueblos originales piden detener el proyecto

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Mota-Engil México será quien realice el primer tramo del Tren Maya
Mota-Engil México será quien realice el primer tramo del Tren Maya

Mérida, Yuc; a 23 de abril de 2020.- Fonatur informó vía internet del fallo de la licitación, en el que el consorcio Mota-Engil México obtuvo el contrato para el primer tramo del Tren Maya, proyecto que tendrá un valor de 13 mil 394 millones de pesos. 

El consorcio está conformado además por China Comunication Construction Company Limited, Gavil Ingeniería, Eyosa y Grupo Cosh. 

El primer tramo del Tren Maya va de Palenque a Escárcega y tiene una extensión de 237 kilómetros, según comentó Arturo Avalos, director de Administración y Finanzas del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

La propuesta económica de este grupo alcanzó los 13, 394 millones de pesos, suficiente para quedarse con el contrato y que representa el 9.6% de la inversión total de esta obra, también incluye el proyecto ejecutivo del tramo, suministro de materiales y construcción de plataforma, así como de la vía del tramo y que de acuerdo a las reglas de licitación, la firma del contrato se llevará a cabo el 30 de abril.

El Tren Maya busca reactivar la economía de cinco estados: Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas.

La obra requerirá una inversión total de 139 mil millones de pesos y una extensión de 1,500 kilómetros. 

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS 

Las organizaciones, comunidades y colectivos urgieron al Ejecutivo Federal a detener la construcción del Tren Maya, por continuar con la contingencia sanitaria y respetar la libre determinación de las comunidades.

Mencionan que continuar con la obra pone en riesgo la salud de los trabajadores que realizarán las obras, así como de la población, mayoritariamente indígena, al no mantener la cuarentena. 

De igual forma, indican que al seguir con el proyecto, se genera un estado de indefensión hacia aquellas personas y comunidades que han manifestado su rechazo u oposición al proyecto, que ante la falta de normalidad en los tribunales, para garantizar la posibilidad que las personas, comunidades o colectivos puedan acceder a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto. 

“Pareciera que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por las comunidades de Calakmul y Candelaria”, manifiestan.

También las agrupaciones de los pueblos originales, indican que en estos momentos es imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia. 

“La construcción del llamado Tren Maya, a pesar de la contingencia, se suma a la opacidad y falta de información con la cual el gobierno federal ha manejado este proyecto, como la ausencia de información sobre los impactos ambientales, económicos y sociales que dicha obra acarreará para la población, particularmente para las comunidades mayas afectadas”, reiteran. 

Además, recuerdan que la consulta pública realizada en las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, principalmente lo establecido por el Convenio 169 de la OIT de consultas indígenas, e incluso fue cuestionado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), que señaló que el mismo no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.

“La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir su opinión consultiva OC-23/17, determinó que los Estados poseen obligaciones procesales, como garantizar el acceso a la información relacionada con posibles daños ambientales, asegurar el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones sobre el impacto ambiental y asegurar el derecho de acceso a la justicia para hacer cumplir las obligaciones estatales relacionadas con el medio ambiente, situaciones que, hasta la fecha, no se han satisfecho en el proyecto denominado Tren Maya y cuyo cumplimiento se hace imposible en las actuales circunstancias de contingencia sanitaria”.

“Nos preocupa que el argumento principal para continuar con la implementación del denominado Tren Maya sea el detonar el desarrollo de la Península, cuando la realidad es que no existe un proyecto definido, ni la información necesaria para conocer sobre si el mismo beneficiaría a la población rural e indígena de la península. Hasta el momento hay información de que éste beneficiará preferentemente a empresarios de la construcción y del turismo, generando despojo del territorio para las comunidades, desalojo de la población y si acaso generaría empleos precarios, mal pagados y sin garantías de seguridad social”.

Además de hacer el llamado al Presidente de la República para suspender la construcción del Tren Maya, por continuar en emergencia sanitaria, también cumpla con el Convenio 169 de la OIT, declaraciones de la ONU y de la OEA manifiestan que este proyecto, en las actuales circunstancias, representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general.

Por último, solicitaron a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del Sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que soliciten la información necesaria y exhorten al gobierno federal a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto.

“En este sentido le urgimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga visitas in situ y emita las medidas cautelares pertinentes para solicitar que se salvaguarden esos derechos que están en riesgo por la continuación del proyecto”, concluyeron. (Verónica Camacho)

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