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Vinculan a proceso a los nietos del exalcalde de Mérida, Horacio Herbé Rodríguez; notario comparecerá en un hecho sin precedentes en Yucatán

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Mérida, Yucatán— En un hecho sin precedentes en la historia jurídica de Yucatán, los hermanos Herbé Jesús y Gibrán Herbé R.C., nietos del exalcalde priista de Mérida Horacio Herbé Rodríguez Abraham, fueron vinculados a proceso la noche del lunes en una audiencia que se prolongó por casi diez horas, desde el mediodía hasta las 10:00 p.m., en la sala 3 del Juzgado Segundo de Control. La jueza Yazmín Ojeda Alayón, encargada del caso, resolvió la vinculación de ambos por el presunto despojo de 58 propiedades pertenecientes a su abuelo, un escándalo que ha sacudido a la comunidad yucateca y que involucra por primera vez a un notario público bajo sospecha de participar en el acto ilícito.

 

El presunto despojo y el estado de salud de la víctima

La denuncia presentada en contra de los hermanos señala que, entre febrero de 2015 y diciembre de 2022, Herbé Jesús y Gibrán habrían aprovechado la deteriorada salud de su abuelo, quien, según los informes médicos, padecía Alzheimer y había sufrido múltiples infartos cerebrales, para despojarlo de sus bienes. Los documentos y escrituras presentadas como prueba indican la posible falsificación de firmas y el uso de documentación apócrifa, lo que permitió a los acusados apropiarse de las propiedades.

 

De acuerdo con la parte acusadora, los sobrinos aprovecharon las circunstancias vulnerables de Rodríguez Abraham para realizar múltiples trámites de compraventa de inmuebles en notarias locales, algunas de las cuales, presuntamente, avalaron documentos con firmas no auténticas. La defensa, sin embargo, sostiene que existe falta de pruebas concluyentes que indiquen la participación directa de los acusados en actos fraudulentos y alega que el proceso es parte de una disputa familiar.

 

La implicación de los notarios públicos

Entre los aspectos que han causado mayor conmoción en este caso destaca la participación de notarios públicos. La jueza Ojeda Alayón ha solicitado que Alejandro José Monsreal Rodríguez, notario número 65, comparezca ante la justicia, un hecho histórico en el ámbito legal de Yucatán, dado que podría ser vinculado a proceso si se comprueba su colaboración en la presunta usurpación de bienes.

 

Además de Monsreal, Carolina Cervantes Torre, notaria número 126 con sede en Ticul, está señalada en la denuncia penal, presentada bajo el expediente UNATD35-GC700151872023. La acusación sostiene que ambos fedatarios habrían autorizado documentos irregulares sin verificar adecuadamente la autenticidad de las firmas. Este hecho subraya la responsabilidad de los notarios en la integridad y validez de las escrituras públicas, y pone en el centro de atención la necesidad de regulaciones más estrictas en la función notarial.

 

Consecuencias y relevancia jurídica en Yucatán

 

La vinculación a proceso de los hermanos Herbé y la inminente comparecencia del notario Monsreal Rodríguez representan un hito en la justicia yucateca, ya que resaltan la complejidad de los casos relacionados con el abuso de personas vulnerables y el uso indebido de figuras de autoridad para facilitar actos ilícitos. La intervención de la jueza Ojeda Alayón ha sido considerada ejemplar por diversos sectores de la sociedad, quienes ven en este caso una oportunidad para revisar la legislación y la supervisión sobre los actos notariales en el estado.

 

Diversas organizaciones locales y ciudadanos han expresado su indignación ante la aparente facilidad con que, según la acusación, los sobrinos pudieron despojar a su abuelo de sus propiedades, y se ha generado un debate sobre la protección a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Este proceso abre también la posibilidad de investigar a fondo el rol de otros funcionarios o profesionales que pudieran estar implicados en actos similares, lo cual podría derivar en una revisión exhaustiva de los procesos de certificación de documentos en el estado.

 

La situación continuará siendo monitoreada de cerca por las autoridades judiciales y la comunidad, que espera que este caso siente un precedente de justicia y transparencia en Yucatán.

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