MÉRIDA (Enero 15, 2020).– El salario del gobernador (Mauricio) Vila Dosal es mayor que del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y es por ahí donde debería empezar para crear un ahorro y le sirva para atender las necesidades del estado, entre ellas la de seguridad pública, expresó el presidente estatal del partido de Morena, Mario Mex Albornoz.
Señaló que ha sido un logro del Gobierno Federal, el que se haya impedido el cobro del impuesto a través del recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que beneficiará a los yucatecos.
De igual forma indicó que Morena estará vigilante que sea efectiva la cancelación y no pretenda el Ejecutivo estatal realizarlo por otro medio o con otro tipo de impuesto, “pues a principios de semana el gobernador Mauricio Vila Dosal señaló que pese al costo político se realizaría este cobro”.
Mencionó que gracias a la presión y descontento de la sociedad, también se puede decir que fue un triunfo de la sociedad, y recordó las diversas movilizaciones para protestar contra los impuestos para este fin de semana.
Reiteró que no se hecho para atrás el cobro del impuesto porque el gobernador Mauricio Vila Dosal haya querido, sino “que no le quedó más remedio al no encontrar la forma de cobrar este impuesto”.
Lo que debe hacer el gobernador y su gabinete, en vez de estar pensando en cobrar más impuestos o cómo recaudarlos, es aplicar la política de austeridad republicana como es el gobierno de Andrés Manuel López Obrador”.
Asimismo, añadió, sería muy lamentable que la autoridad estatal aplicará la austeridad republicana dejando de pagarle a los maestros, despidiendo a trabajadores o dejando de entregar insumos al sector salud, “eso no es austeridad republicana, por lo que esperemos que no haya despidos para meter a personas a fin a su política”.
Por su parte, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Silvia López Escoffié, manifestó su beneplácito por la decisión del gobernador Mauricio Vila Dosal, para dejar sin efecto jurídico al nuevo derecho por Infraestructura Tecnológica en materia de Seguridad Pública.
Calificó como afortunada la determinación del jefe del Ejecutivo estatal, quien al recibir la notificación de la CFE como inviable el cobro a través de la paraestatal, dio marcha atrás y tampoco buscó otro mecanismo para que la ciudadanía hiciera el pago correspondiente, al dar prioridad al sentir de los yucatecos.
Lamentó que no se haya afianzado el método de cobro antes de presentar el plan, “la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY) tuvo un desacierto al presentar al Congreso un proyecto que no tenía certeza y viabilidad”.
Asimismo, el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Asís Cano, respaldó la medida tomada por el gobernador.
“Lo más importante de la decisión tomada, es que se mantiene el compromiso de garantizar y mantener la seguridad pública de las y los yucatecos. La seguridad pública es un bien preciado por todos, y así debemos de cuidarla, no debe estar sujeta a disputas de colores o de oportunismos políticos”, dijo.
En el PRI, su líder estatal Francisco Torres Rivas celebró que el gobierno del Estado haya tenido que dar marcha atrás al cobro del nuevo impuesto en materia de Seguridad, toda vez que se trata de un triunfo legítimo de la sociedad en su conjunto y no de un tema político como pretendieron hacer creer a la sociedad yucateca para desacreditar el rechazo al nuevo gravamen.
Es claro que la CFE declinó brindar el servicio de recaudación al Gobierno de Mauricio Vila, ante la genuina exigencia social y claros señalamientos sobre el atropello a la economía de las familias yucatecas que representaba el nuevo impuesto estatal en materia de seguridad.
Mencionó que seguirán trabajando en la revisión jurídica del cobro de los otros impuestos y derechos, como el derecho al transporte de carga; el impuesto a la compra – venta de vehículos usados; el aumento al cobro del impuesto al hospedaje; así como el cobro excesivo al reemplacamiento vehicular o los ajustes desproporcionados a los valores catastrales municipales, que derivan en un aumento descomunal en el pago del impuesto predial y un impacto directo a la economía de las familias yucatecas.– VERÓNICA CAMACHO CHÁVEZ
