La Fiscalía General de Justicia del Estado de Yucatán está bajo escrutinio público por su cuestionable manejo del caso Mayaland, en el cual se han identificado serias irregularidades que ponen en duda la legalidad y transparencia de su actuación.
Exceso en el cumplimiento de funciones
El problema comenzó el 17 de febrero de 2022, cuando la Fiscalía de Yucatán recibió una solicitud de colaboración de su homóloga en Quintana Roo para asegurar inmuebles. Sin embargo, en lugar de limitarse a colocar los sellos de aseguramiento, como se le instruyó, tomó la controvertida decisión de nombrar a un apoderado de Inmobiliaria R4 como depositario de los bienes, contradiciendo órdenes judiciales previas que negaban esa posibilidad. Este acto, realizado sin notificar al juez mercantil y sin verificar la legalidad de la depositaría, fue el primer eslabón en una cadena de aparentes abusos.
Violencia y despojo
En la madrugada del 18 de febrero de 2022, la situación escaló a un despojo flagrante mediante el uso de la fuerza. Este acto violento se amparó en el ilegal aseguramiento y la designación indebida del depositario, dejando en evidencia un presunto encubrimiento institucional.
Entrega virtual y omisión deliberada
El 26 de septiembre de 2023, una orden judicial determinó la cancelación del aseguramiento y la devolución de los inmuebles a su propietario legítimo, Fernando Barbachano. No obstante, la Fiscalía optó por una insólita “entrega virtual”, reconociendo solo la posesión jurídica y evitando la entrega material, a pesar de las pruebas que acreditaban el despojo.
Protección a los responsables
Aunque se han iniciado acciones penales contra los autores del despojo, los invasores continúan ocupando los inmuebles. Además, la Fiscalía se ha negado a proceder contra Rosas Moya, quien admitió ser poseedor de los bienes, mientras intenta acusar a Barbachano por hechos sin sustento, desestimando su exoneración previa en Quintana Roo.
Acusaciones sin sustento y manejo irregular
El 8 de octubre de 2024, en medio de la suspensión de actividades por el huracán Milton, la Fiscalía presentó cargos contra Barbachano en lo que parece un uso intencional y manipulador de los tiempos procesales. Este acto, carente de lógica jurídica, refuerza las sospechas de parcialidad en el caso.
Un limbo jurídico que beneficia a los responsables
A pesar de la remisión de la carpeta de Quintana Roo a Yucatán para resolver el conflicto competencial, la Fiscalía yucateca se ha negado a recibirla. Esta negativa prolonga el limbo jurídico y favorece a quienes han cometido delitos, dejando a las víctimas en la incertidumbre.
¿Justicia manipulada?
El caso Mayaland revela un preocupante patrón de instrumentalización del sistema de justicia en Yucatán, donde intereses particulares parecen prevalecer sobre el derecho y la equidad. La ciudadanía exige respuestas contundentes para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que casos como este no se repitan.
¿Es esta la justicia que merece Yucatán?
