MÉRIDA (2 JUNIO, 2020) .- Con el semáforo rojo, por la pandemia del coronavirus y en medio de reclamos por parte de los pueblos originarios, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo de inicio al proyecto del Tren Maya, en la península de Yucatán.
El mandatario estatal expresó en su gira por los tres estados, que obra estaba sustentada para no dañar al medio ambiente y abonar al crecimiento económico de las familias, por donde pasará el tren.
Se crearán alrededor de 80 mil empleos y una importante inversión para reactivar la economía de la zona y amainar la crisis creada por la pandemia del Covid-19, dijo.
“El Tren Maya está sustentado por la ONU y que no habrá devastación de la selva, uno de los principales temores por parte de los pueblos originarios”, explicó.
Mientras tanto, los integrantes de los pueblos mayas, señalaron que el megaproyecto afecta de forma directa a comunidades indígenas de al menos 4 de las 5 entidades federativas.
“Para este proyecto no existió un diálogo preliminar con las comunidades para tomar su parecer y conocer sus necesidades y pasando por alto el derecho que tienen a decidir libremente su futuro, violando un derecho que se encuentra constitucionalmente protegido, que es el derecho a la libre determinación”, indicaron.
Otro de los temores de los pueblos indígenas es que muy probablemente serían empleos precarios, mal pagados, temporales y sin garantías de seguridad social para las y los trabajadores, “es decir que tampoco contribuiría al desarrollo regional, como se ha dado en otros proyectos impulsados por el Fonatur”.
“Estas afectaciones en un contexto de alta conflictividad socio-ambiental vigente caracterizado por el despojo de bienes comunes de territorios campesinos e indígenas conllevan a su vez al deterioro de sistemas ambientales. La infraestructura ferroviaria y los llamados polos de desarrollo significarán también, irremediablemente, especulación y privatización de tierras ejidales. En este sentido también se pronunciaron académicos frente al Congreso de la Unión en septiembre de 2019”, añaden.
Hasta el momento, indican los agraviados que no existe una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su totalidad, ni de ningún centro urbano que se propone, así como tampoco hay estudios realizados ni información sobre cuál sería el impacto acumulativo del Tren Maya en toda el área de afectación.
“Esta falta de evaluaciones violenta el marco jurídico nacional e internacional que establece la obligación de llevar a cabo estudios de impacto ambiental para este tipo de proyectos. Fonatur se escuda en que por el momento no se construirán nuevas vías, sin embargo esto es sólo parcialmente cierto puesto que las vías serán ampliadas en toda su extensión y se construirán y habilitarán carriles para un tren nuevo para el cual se requieren nuevos sistemas de durmientes y de rieles. Como reconoce el mismo Fonatur, los contratos firmados con los concesionarios tienen también la finalidad de que se construyan estructuras para el nuevo tren.
Otro importante punto que reclaman, es que el proyecto genera graves riesgos al patrimonio histórico y cultural, todos bienes nacionales, particularmente de la península. En los alrededores del trazo del Tren Maya el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tiene registro de siete mil 274 sitios arqueológicos. De éstos, mil 288 se encuentran a distancias no mayores a 10 kilómetros de la vía férrea, de manera que tendrían una afectación directa, según el citado estudio encargado por el Conaciyt. (Redacción)
