Coordinación estatal de la DGETAyCM en Yucatán en jaque por dos amenazas de corrupción

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Antecedentes de malos manejos, desvió y uso indebido de recursos públicos, abuso de funciones, entre otros, ponen en jaque la coordinación de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (DGETAyCM) en el estado de Yucatán.

La DGETAyCM se enfrenta a dos amenazas de corrupción por actores educativos que cargan consigo un sinfín de irregularidades durante la ejecución de sus labores al frente de la docencia.

Se trata de la maestra Ligia Sauri Ávila, quien ejerció como directora del Centro de Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA) 14 de Tizimín en agosto de 2014 a julio de 2021 y el ingeniero José Silvestre Fernández Castro, hasta hoy responsable de la oficina, y a quien el pasado 2 de diciembre se le solicitó su renuncia por sus malas prácticas al frente de la DGETAyCM.

A Silvestre Fernández, quien ha estado al enfrente de la oficina de la DGETAyCM desde marzo del 2021, le fue solicitada su renuncia por el subsecretario de Nivel Medio Superior Dr, Juan Pablo Arroyo Ortiz, quien convocó a una reunión en el Hotel Fiesta Americana y darle posesión a la maestra Ligia Sauri a quien también pesan señalamientos de falta de transparencia en el manejo de recursos públicos y de mantenimiento en las instalaciones en el CBTA 14.

Tras esta reunión, los docentes mostraron su inconformidad, pues aseguran que el subsecretario no cuenta con la facultad jurídica de poner al frente a la maestra Ligia Sauri, a quien antecede una investigación ante la Secretaría de la Función Pública por el cobro de cuotas de inscripción de 500 pesos, cobro de un seguro de vida de 80 pesos, falta de mantenimiento a las instalaciones y de insumos de limpieza.

Ante la Secretaría de Función Pública y órganos internos de control de la SEP se encuentran en etapa de investigación otras acusaciones, tales como; desaparición de mobiliario y equipo tanto de cómputo como el desmantelamiento de talleres que dejaron al plantel sin equipo y requerimientos básicos para sus prácticas productivas en módulos profesionales, desvíos de recursos económicos por más de 800 mil pesos provenientes de ingresos propios del plantel, financiamiento federal para varios proyectos productivos y mantenimiento, así como la presentación de facturas falsas compradas para la cooperativa escolar.

A pesar de todas estas irregularidades que le anteceden y que tienen oficio de seguimiento por el Órgano Interno de Control, la exdirectora del CBTA 14, en el calor de la conocida política, está siendo impulsada para la coordinación de la DGETAyCM, por una política del Oriente de Yucatán perteneciente a Morena.

Ligia Sauri, al parecer forma parte de una terna de corruptos que están siendo postulados para la coordinación de la oficina mayor; entre las “joyitas” destacan los nombres de Carlos Baas, exdirector del CBTA 165 de Izamal, acusado por malos manejos, desvío de recursos, compra de facturas falsas, abuso de funciones y desmantelamiento de talleres y laboratorios; también suena el nombre de Jairo Martínez, exdirector del CBTA 100 de Dzizantún, quien también es acusado de abuso de funciones, desvío de recursos y desmantelamiento de equipo de talleres y laboratorios.

José Silvestre Fernández Castro, no se salva de acusaciones, también es una fichita que se negó a dejar el puesto a pesar de que se le exige la renuncia por desvío y uso indebido de recursos públicos y sobre todo por el manejo de plazas de docentes y administrativas, las cuales ha brindado a sus colaboradores cercanos (Jorge Canto, Manuel Carrillo, Adib Peralta) y a las cónyuges y amigos de estos, pagando así favores políticos.

Las denuncias que se le hacen a Silvestre, al igual que las de Ligia, ya están en etapa de investigación; sin embargo, lo que alarma más es que mientras estos corruptos sigan al frente y con miras a continuar a cargo de la coordinación, los trabajadores de base, tanto docentes como personal de apoyo del subsistema de Yucatán seguirán sufriendo las consecuencias, pues entre los problemas más urgentes por resolver esta el pago de salarios y prestaciones con más de cinco años de retaso, a causa de la incapacidad y falta de interés de los directivos.

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