El escándalo de fraude inmobiliario que sacude a Yucatán y otros estados del país ha revelado presuntas irregularidades en la gestión de recursos destinados a la construcción de viviendas. En el centro de esta controversia se encuentran Víctor Hugo Rosales Aranda y Olga Lidia Aranda Salas, propietarios de la SOFOM Yavo Capital y del gerente de área técnica en el infonavit en Yucatán Humberto Ríos Covián cuya actuación deja muchas interrogantes.
Hace tres semanas, el Infonavit a nivel nacional rescindió el contrato con Yavo Capital, debido a una investigación en curso por parte de la FGR (expediente FED/YUC/MER/0000614/2024) por el presunto desvío de recursos. Esta decisión llega después de que se detectara que la SOFOM no cumplió con los pagos a las constructoras, lo que derivó en la paralización de numerosos proyectos habitacionales y afectaciones directas a cientos de familias que aún esperan su vivienda.
Sin embargo, lo que agrava la situación es que Humberto Rios, quien esta a cargo de autorizar los proyectos y dictámenes de Línea 3 de esta dependencia, habría impulsado nuevos acuerdos para que Yavo Capital recibiera más recursos de la Línea 3, a pesar de las evidencias de incumplimiento y todo el daño causado a los derechohabientes.
Humberto Ríos, tiene la facultad de autorizar dichos fondos y facilitó que Yavo Capital continuara recibiendo dinero, aún cuando existían antecedentes de impago y problemas con las constructoras.
El resultado de estas decisiones es un fraude inmobiliario de gran magnitud, con proyectos inconclusos no solo en Yucatán, sino también en Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México. En Yucatán, el caso de los desarrollos MICA en Umán y Praderas de Ticul en Ticul, también afectados por conflictos con la SOFOM Solimex, ejemplifican el impacto devastador de estas irregularidades.
A pesar del retiro de recursos a Yavo Capital, queda en evidencia la falta de supervisión y los posibles actos de corrupción en los procesos de asignación de fondos. La responsabilidad no solo recae en la SOFOM, sino también en quienes permitieron estas prácticas, dejando a cientos de familias en la incertidumbre. Es imperativo que las autoridades profundicen en las investigaciones y se deslinden responsabilidades, para evitar que este tipo de fraudes continúen perjudicando a los ciudadanos.
