Una red de corrupción y tráfico de influencias parece haber echado raíces en el Poder Judicial de Yucatán, con el magistrado Mario Alberto Castro Alcocer como una de sus figuras clave. Denuncias recientes revelan que este funcionario ha favorecido de manera sistemática a CG Abogados y a la Notaría Pública 78, dirigida por Roberto Augusto Castellanos. Lejos de ser una coincidencia, la relación entre Castro Alcocer y Castellanos se remonta a décadas atrás, cuando el magistrado trabajó en la notaria del padre del actual titular del despacho. Esta conexión genera dudas serias sobre su imparcialidad y su verdadera función dentro del sistema de justicia.
Castro Alcocer fue nombrado magistrado durante la administración de Mauricio Vila Dosal y, en la actualidad, opera bajo la tutela de Álvaro Juanes, exasesor de Vila y ahora un actor clave dentro del Poder Judicial. Este círculo de influencia ha consolidado un esquema en el que no solo se controlan los recursos institucionales, sino que también se han permitido abusos, como el uso de dinero público para financiar boletos de avión destinados a personas cercanas al exgobernador, evidenciando un desfalco descarado del erario.
Sin embargo, lo más alarmante es la operación de un entramado judicial donde jueces afines a Castro Alcocer aseguran resoluciones favorables a los intereses de CG Abogados y la Notaría 78. Esta red de protección también se extiende a la Fiscalía, donde ciertos expedientes son manipulados, retrasados o alterados para favorecer a sus allegados.
Detrás de esta maquinaria de corrupción figuran los abogados Delta Zuleana Uc Briceño y Miguel Ángel Gurubel Herrera, ambos con experiencia en la Fiscalía, lo que les otorga acceso a información privilegiada y la capacidad de obstaculizar investigaciones según convenga a la red. Sus oficinas, ubicadas en Calle 60 #356 entre 35 y 37 en el Centro de Mérida, funcionan como un centro de operaciones donde se presume que se negocian fallos judiciales a modo.
Documentos filtrados sugieren que CG Abogados ha logrado que múltiples sentencias se resuelvan a favor de sus clientes sin fundamentos legales sólidos, sino a través de jueces que responden a los intereses de Castro Alcocer. Además, se ha detectado que sus expedientes son tramitados con una rapidez inusual, en contraste con la burocracia que retrasa otros casos similares. Todo apunta a que el magistrado maneja una estructura donde la justicia está reservada para unos cuantos, mientras que el resto de la ciudadanía queda desprotegida ante un sistema amañado.
Las evidencias contra Mario Alberto Castro Alcocer son contundentes y no pueden ser ignoradas. Como magistrado, debería garantizar equidad y transparencia, pero su actuación lo perfila como el artífice de un esquema de corrupción que pone en entredicho la independencia judicial en Yucatán.
Ahora la pregunta es inevitable: ¿El Poder Judicial seguirá encubriendo estas prácticas o se atreverá a limpiar su nombre con una investigación real y efectiva? La ciudadanía exige respuestas, y más aún, un cambio que garantice que la justicia no sea solo un privilegio para quienes pueden comprarla.
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